El pasado mes de diciembre entró en vigor en España (y el resto de los países de la Unión Europea), la Directiva Whistleblowing. Ésta hace referencia a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea. En marzo el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El objetivo es trasladar la Directiva al derecho nacional. Esto se traduce en la creación de un canal de denuncias y supone un paso más hacia la transparencia empresarial.
Whistleblowing se traduce como “soplar el silbato”, y se entiende como las irregularidades en el ámbito laboral que los grupos interesados pueden denunciar. En todo caso se trata de una alerta interna que obliga a la empresa a investigar los hechos, y tomar las medidas.
Ámbito de aplicación y obligaciones de la empresa
Estas nuevas medidas serán obligatorias para todas las empresas, sean públicas o privadas:
- Empresas con un mínimo de 250 trabajadores, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor
- Empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores, a partir del 1 de enero de 2023.
Esta normativa va más allá porque garantiza mayor protección a las personas que deciden denunciar. Como novedades introduce una inversión de la carga de prueba. Ahora la empresa es responsable de demostrar y defenderse ante las denuncias de fraude, corrupción y otras irregularidades. Entre sus obligaciones se incluye la creación y gestión de un canal de denuncias interno, investigación de los hechos, y la protección adecuada de los denunciantes. El canal de denuncias supondrá un paso hacia la transparencia empresarial.
Próximos pasos
Para cumplir con las nuevas obligaciones, se aconseja que las empresas que empiecen a tomar medidas en una fase temprana, para así poder desarrollar o adoptar su reglamento interno a las nuevas medidas. Respecto a las políticas corporativas, los criterios normativos pueden exigir desarrollo de nuevas políticas sociales, modificaciones a nivel de Código Ético u otros sistemas de gestión empresarial.
De cara al futuro, el cumplimiento reglamentario de la Directiva Whistleblowing, no solo será obligatorio por ley, sino también formará parte de la responsabilidad social corporativa. A largo plazo puede tener un efecto positivo tanto en la salud financiera, evitando multas de hasta 50.000 euros, como en la sostenibilidad de la empresa.
