Desde que la inversión socialmente responsable demostró que no es una moda pasajera y que ha llegado para quedarse, los criterios ASG (medioambientales, sociales y de buen gobierno, por sus siglas en inglés) están trascendiendo más allá del mundo empresarial hasta alcanzar a las administraciones públicas y otras organizaciones sociales hasta tal punto que dentro del Pacto europeo verde se está configurando un marco regulatorio que busca que esa información sea cada vez más completa y que llegue a todos los inversores.
El aumento de la demanda de este tipo de información en los últimos tiempos ha hecho que proliferen numerosas compañías que se dedican a auditar el cumplimiento o no de estos criterios, por lo que no hay tanto una falta de cantidad sino de calidad.
Esta ha sido una de las conclusiones de la mesa dedicada a la transparencia y calidad de la información en la inversión sostenible en la segunda sesión de la ‘Semana de la ISR’ de Spainsif en la que han participado Alicia Prieto, analista de Corporance Asesores de Voto, Fernando Ibáñez, cofundador y director general de ÉTICA, Luis Alberto Marín, director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) y Carla Bonino, sostenibilidad del Grupo Social ONCE, y que ha estado moderada por María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia y Vicepresidenta de Spainsif.
¿Qué razones lleva a una empresa a querer dar a conocer este tipo de información? Para Gálvez, «pretendemos que a través de esta información podemos captar una base de inversores más variada que evolucione con nosotros, un coste de capital inferior, que nos incluyan en los índices de sostenibilidad porque son un escaparate o en carteras de inversión diversificadas».
Por su parte, Alicia Prieto ha destacado la importancia de que las cadenas de suministro también participen en el proceso y ha puesto el foco en qué políticas de screening se les hacen a sus proveedores para promover la sostenibilidad y su nivel de cumplimiento así como la transparencia fiscal.
En su intervención, Fernando Ibáñez ha compartido los resultados de un estudio propio realizado por su sicav a las 800 posiciones que tiene con plataformas que se nutren de más de 55 proveedores de datos y en el que el 25% de las mismas no aportaban los datos suficientes. «La información ASG está disponible pero creemos que es necesario profundizar en al calidad y en si las acciones y los fondos con los que estamos trabajando están reportando buena información o hay que hacer un filtro más profundo», ha señalado Ibáñez.
Homogeneidad de los informes
Para Luis Alberto Martín, «la ética pública debe ser la seña de nuestra función como administración. En ese sentido, fomentamos de una manera decisiva y decisoria la inclusión de clausulas ASGg a la hora de preponderar el flujo de financiación». Ahora bien, el principal hándicap que se han encontrado es la falta de estandarización en la medición. «Echamos en falta que haya unos indicadores de medición para homogeneizar esos criterios y las empresas los perciban e intenten adaptarse a ellos».
En este sentido, Fernando Ibáñez ha recalcado que la estandarización no es su guerra como asesores financieros. «Esta batalla se está librando a kilómetros por encima nuestro entre MSCI, Sustainalitys, un baile de fusiones y es algo que nos vendrá dado».
