En el artículo de hoy vamos a hablar de este tema tan de moda recientemente. ¿Debemos acabar con los paraísos fiscales? Parece que hay voluntad para que así sea, pero ¿quién debe decidir la fiscalidad de los países? En un mundo libre y globalizado, cada país puede tener el sistema fiscal que considere adecuado y es completamente legítimo, pero toda decisión tiene sus consecuencias.
Realmente, ¿estamos ante una cuestión de fiscalidad o de opacidad? Sin entrar la parte ética todavía, es legal realizar inversiones en un paraíso fiscal si se declaran en el país de origen. Efectivamente, es el hecho de declararlo o no lo que convierte una acción legal en ilegal, con todo lo que ello conlleva. Desde una perspectiva puramente microeconómica, ¿no deberíamos invertir en aquellos lugares con unos rendimientos más eficientes?. Así es, pero desde un punto de vista ético, la evasión de impuestos provoca un empobrecimiento de la población, ya que la falta de ingresos se subsana, o bien con menor gasto social, o bien con mayores tasas de impuestos para financiarlo. Por otro lado, el impacto social de una práctica sólo reservada para los grandes patrimonios, alimenta la desigualdad y la decadencia moral.
Pero todo esto ya lo sabíamos desde hace décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Afortunadamente, dos efectos están marcando la diferencia y que están condenando a muerte a los paraísos fiscales. En primer lugar, la intolerancia social. Las prácticas irresponsables -en términos de responsabilidad social- ya no son aceptables por los grupos de interés empresariales, que las castigan duramente en las cotizaciones y las cuentas de resultados de las compañías. A nivel personal, respecto a las grandes fortunas, el perjuicio a su imagen pública puede dar al traste en segundos con carreras profesionales y reputaciones labradas durante décadas.
En segundo lugar, el riesgo. Por un lado, las sanciones son mucho mayores que el beneficio fiscal y, por otro, las probabilidades de ser ‘cazado’ se han incrementado exponencialmente desde que los gobiernos están actuando conjuntamente y compartiendo información; liderados por Estados Unidos. Si a esto le sumamos el efecto tsunami de las redes sociales y el auge del periodismo de investigación, las opciones de ser descubierto son inasumibles. Como dicen los anglosajones ‘Crime Pays’, y cada vez más.
Transparencia
Por tanto, el futuro es alentador. Aceptando que la fiscalidad debe ser libre, la opacidad debe revertirse. Como decíamos, cada vez son más los acuerdos entre países para el libre traspaso de información, lo que tiene que llevar inexorablemente al acorralamiento y desaparición de los paraísos opacos. En caso de delito, existe concurrencia de culpa entre el defraudador y el país ocultador, por lo que cada vez más, los países están obligados a ser más transparentes en un intento por no quedarse atrás en acuerdos comerciales globales y en encajar en este mundo globalizado y, esperemos, responsable. Por poner un ejemplo concreto, Suiza ya sigue una estrategia de cuentas declaradas en el país de origen desde hace 2 o 3 años, acabando así con secreto bancario por completo, y Andorra lo hará próximamente.
A la postre, y ya no desde una perspectiva ética sino más prosaica de riesgo-rentabilidad, ¿invertiría usted en una empresa con prácticas fiscales de riesgo? Si la respuesta es no, enhorabuena. Es usted un inversor responsable, y entre todos podemos penalizar a las empresas insolidarias y poner nuestro granito de arena para construir una sociedad más justa.
Agustín Galbis López es asesor patrimonial en Ética Patrimonios EAFI
